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Hay existencias
La cada vez mayor complejidad de la política de defensa de la competencia requiere de criterios normativos estables que garanticen la objetividad de su aplicación y la seguridad jurídica de los operadores. Para ello se examina el valor jurídico de las comunicaciones interpretativas y directrices de defensa de la competencia emanados de las autoridades españolas y europeas.
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