Las editoriales universitarias habían solicitado la modificación de la anterior normativa, que descalificaba las publicaciones editadas en la misma universidad en la que trabajaba el investigador por este simple hecho, sin evaluar la calidad intrínseca de los trabajos. El nuevo sistema sitúa en términos de igualdad la producción editorial de las universidades españolas con respecto a las editoriales externas. La preocupación al ver como profesores y grupos de investigación optaban por publicar fuera de su universidad los resultados de la investigación producidos y financiados por ella, y la deriva de muchos trabajos hacia editoriales privadas, cuyo único criterio de evaluación es, en muchas ocasiones, el compromiso de pago de la edición por parte de los autores.

Además, conviene recordar que la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, mediante resolución de 18 de noviembre de 2009, eliminó la penalización a la publicación de los profesores, de los campos humanísticos y jurídicos, en las editoriales de su propia universidad.

Así, la publicación en estos campos se valorarán (como en los demás ámbitos) “como indicios de calidad, el número de citas recibidas, el prestigio de la editorial, los editores, la colección en que se publica la obra, las reseñas en revistas científicas especializadas, las traducciones de la propia obra a otras lenguas y su inclusión en bibliografías independientes del autor y su entorno”. Despareciendo la inclusión de las publicaciones en la editorial de la propia universidad dentro del apartado “no se tomarán en consideración”.

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